Minoridad en Argentina 2001.
1. Introducción
La situación económica apremia. El 53% de los chicos habita en hogares pobres (ello significa un notable «avance» ya que en el 2000 sufría el problema el 49% de los jóvenes).
La situación se agrava en el interior: en la Capital, el 19,3% de los chicos es pobre. En el nordeste el flagelo cae sobre 7 de cada 10. Sobre el total de la población argentina (unos 35 millones de habitantes) existen 13,3 millones de personas pobres en el país, de los cuales el 46,7% son menores que viven en familias que no tienen ingresos
suficientes para comprar alimentos y servicios básicos.
Las cifras fueron elaboradas según datos del INDEC, del Banco Mundial y de la filial local de la ONG «Save the children» (Salvemos a los chicos).
El diario Clarín en su edición del 4/9/2001 dice:…. Aunque no hay un registro certero de los chicos de la calle, es posible estimar el universo de vulnerabilidad que propicia las situaciones de riesgo. Según las últimas mediciones del INDEC, el 42,2% de los menores de 14 años vive en un hogar pobre. En el segundo cordón del conurbano, uno de cada dos hogares es pobre. Sólo entre la Capital y el Gran Buenos Aires hay casi 4 millones de pobres, de los cuales 1 millón son
indigentes, es decir, que sobreviven con menos de 200 pesos mensuales por grupo familiar de cuatro personas. Debido a la crisis económica y el recorte de planes de asistencia, los problemas de la infancia han crecido en los últimos tiempos…
2. Minoridad y legislación en Argentina: Una mirada del mundo hacia nuestra situación actual.
La UNICEF considera que la legislación argentina sobre minoridad se encuentra entre las más atrasadas de Latinoamérica. Su renovación, abordada en Diputados, merece objeciones mientras crece el debate sobre la penalización a la delincuencia juvenil. Además, los crecientes índices de deserción escolar, asfaltan el camino de los mayores niveles de criminalidad.
La legislación sobre niños de la Argentina es la más atrasada de América latina y viola la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes, que el país convirtió en ley en 1990. Pero, además, una reforma anunciada como «integral», que ya aprobaron los diputados, es cuestionada por varios expertos y considerada incompleta hasta por algunos legisladores que apoyaron el proyecto.
El debate divide a los políticos y muestra que el país no parece capaz de consagrar un modelo que contenga y prevenga la acción delictiva atribuida a niños y adolescentes, sin por ello violar sus derechos, consagrados en la Convención y en la Constitución Nacional.
En medio del clamor generalizado de la sociedad por un nivel mínimo de seguridad, son pocos los políticos dispuestos a asumir el riesgo de decir que, de acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños, no corresponde penalizar a adolescentes como si fueran adultos, y que más que perfeccionar sistemas represivos hay que revisar y promover una política social que haga que haya menos niños y adolescentes en riesgo.
Las leyes vigentes (Patronato de Menores y Régimen Penal de la Minoridad) violan la Convención. La primera es la denominada Ley Agote, sancionada en 1919. Fue siempre una herramienta legal para criminalizar la pobreza. A su vez, las penas para los adolescentes están reguladas por dos leyes de la dictadura: la 22.278 y 22.803, que otorgan al juez la facultad de resolver la internación de menores de 16 años. Lo hacen sin llevar adelante juicio alguno y no sólo cuando presuntamente el joven haya cometido un delito, sino también si fue víctima de alguno.
El asesor regional en Derechos del Niño del UNICEF para América latina, Emilio García Méndez, explicó cuál era la filosofía de la legislación en América latina, antes de la Convención: «Durante siete décadas las leyes de menores fueron un mero símbolo de un proceso de criminalización de la pobreza. La Policía -en cumplimiento de esas leyes y en flagrante violación de los derechos y garantías individuales consagrados en las Constituciones- se convirtió de hecho en el proveedor
mayoritario y habitual de la clientela de las llamadas instituciones de protección».
El funcionario de UNICEF detalló cómo funciona el sistema de penalización de menores en la Argentina. «Los conflictos sociales que involucran a niños y adolescentes (de clase media y alta) fueron regulados por el Código Civil y el de Comercio. Pero si esos mismos conflictos involucran a los menores -hijos de pobres-, es el Estado el que dispone de ellos y los envía, por tiempo indeterminado y hasta la mayoría de edad, a los institutos». Una justicia para niños ricos y otra para pobres. El debate sobre la edad de imputabilidad de los jóvenes se puso sobre el tapete cuando Alberto Pierri, reeditó un proyecto de 1997 para que los adolescentes puedan ser juzgados por la justicia penal de los adultos. Ahora la Cámara baja intenta tratar el tema en el recinto, como una forma de dar respuesta al reclamo de seguridad de la población.
La abogada Beloff recientemente declaró que: «No se trata de subir o bajar la edad. Hay que cambiar el eje del debate. Porque además los problemas de seguridad ciudadana no se resuelven con una ley. Hoy la edad está en 16 años y hay que subirla a 18, como dice la Convención. Un menor de 18 años que comete un delito no puede ir al sistema penal adulto. Nadie dice que no se lo juzgue, pero hay que hacerlo con un sistema especial. Debe haber además una respuesta del
Estado que ayude a ese joven a hacerse responsable de lo que hizo».
Las leyes penales duras con los jóvenes están lejos de solucionar los problemas de violencia en ningún país del mundo Beloff, que hizo un estudio comparativo sobre la legislación de niñez en Latinoamérica, contó cómo funcionan los juicios a jóvenes en otros países, como Brasil, Costa Rica.Existe una Justicia especial para adolescentes infractores, que son juzgados con todas las garantías posibles (abogado defensor, posibilidad de presentar prueba). Luego, si se comprueba el delito, se aplican medidas graduales: amonestación, trabajo comunitario, libertad asistida y, sólo en última instancia, la privación de la libertad (por no más de 3 o 5 años).
El director de la Maestría de Política Social de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Bustelo decía «En la Argentina, por causas previsibles, mueren por año 17.000 niños menores de 5 años en el más profundo silencio. ¿Cómo hablar de derechos de los niños? No hay mayor crueldad que ese silencio: la sociedad argentina tolera, sin decir nada, el equivalente a las mismas muertes que hubo durante la dictadura militar. Claro, son muertes de niños, que no tienen ni voz ni voto».Torturas a menores en comisarías bonaerenses. El gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rückauf, no responde a las intimaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre el escándalo de las torturas a niños en comisarías y en institutos asistenciales de la provincia de Buenos Aires, que se han convertido en una sórdida rutina.
Rückauf basó su oferta electoral en la promesa de meter bala a los delincuentes. El silencio oficial no puede atribuirse a desconocimiento o indiferencia. Al mismo tiempo que desdeñaba las disposiciones de la Justicia, el gobernador protestó ante el Consejo Provincial del Menor y la Familia por haber enviado una inspección al Hogar Jesús de Nazareth, donde un niño fue
violado ante las burlas de sus autoridades. Esa institución depende del obispado de Luján-Mercedes, cuyo titular hasta marzo último, Emilio Ogñénovich, fue protagonista de un corto publicitario en favor de Rückauf durante la campaña proselitista de 1999, por su presunta “defensa de la vida”. La práctica habitual en esos institutos es drogar a los chicos para que no molesten. Según cifras oficiales suministradas por la ex titular del Consejo Provincial del Menor, María Laura Leguizamón, en Buenos Aires viven cerca de 4.800.000 niños y adolescentes, de los cuales el 23 por ciento tiene necesidades básicas insatisfechas. Y “sólo el 0,1 por ciento de los delitos los cometen menores, al contrario de lo que se quiere hacer creer”. La terrorífica situación de los menores alojados en comisarías ya era grave durante el anterior gobierno; ahora ni siquiera se responden las comunicaciones judiciales.
Las torturas a chicos detenidos no son casos aislados sino, por el contrario, una práctica generalizada.
Están documentadas en expedientes judiciales las que ocurren en las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Tigre; 1ª, 2ª y 3ª de San Fernando; 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de Pilar; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª y 9ª de San Isidro; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Vicente López; Ciclistas de San Isidro; Morón 1º; Comando de San Isidro; Oficina de Coordinación de San Isidro; Destacamento Villa Rosa; Comando de San Fernando; Oficina de Coordinación Tigre y Brigada de Tigre.
También constan las torturas padecidas por chicos internados en los institutos Aráoz Alfaro, Manuel Rocca, Agote, Almafuerte, Santa María E. Pelletier, Leopoldo Lugones, Registro, Movimiento y Ubicación de Menores y Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth.
Su comprobación en un juicio penal y el castigo a los responsables es improbable, ya que ocurren en ámbitos cerrados donde la complicidad es la regla y no hay testigos ajenos a las respectivas instituciones. Pero al menos podrían adoptarse medidas elementales que impidieran su reiteración. El mero alojamiento de niños en dependencias policiales (aunque no se produjera maltrato alguno) o en cárceles de mayores, está prohibido por las constituciones nacional y provincial, por la Convención sobre los Derechos del Niño, por las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, por las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores.
La prohibición también fue transmitida en forma expresa al gobierno bonaerense por la Suprema Corte de Justicia, luego de varios casos en los que dos chicos murieron quemados en comisarías de San Martín y Mercedes, se informó del presunto intento de suicidio de otro en la de Villa Ramallo y se produjeron graves incidentes en una de Almirante Brown. Días antes de que
Eduardo Duhalde dejara el gobierno, el Consejo del Menor y la Familia firmó un convenio con el Servicio Penitenciario para el alojamiento de chicos en la cárcel de Magdalena.
La Suprema Corte lo fulminó en una Acordada en la que sostuvo que ese era el camino opuesto al fijado por el tribunal.
Este articulo del diario Clarín del 24 de agosto del corriente año nos muestra el panorama social de la Villa miseria Itatí, una de las más grandes concentraciones humanas alrededor de la gran manzana del Plata, y sus paupérrimas condiciones de vida donde los niños crecen y se desarrollan.
….. -Encerrados entre el desamparo, la exclusión social, la falta de trabajo y la inseguridad, los cincuenta mil habitantes de la Villa Itatí encarnan los fracasos político-económicos de los últimos quince años y las inmensas dificultades que deberán superarse para que los chicos y los adultos puedan acceder a una posición social más igualitaria y equitativa. Este conglomerado de 36 manzanas de Bernal configura la villa miseria más poblada del país, casi triplicando los 20 mil habitantes que presentaba en 1985. Las condiciones de vivienda, además de precarias, se hallan signadas por un hacinamiento progresivo.
La primera manifestación de la pobreza de esta masa poblacional es la carencia de trabajo. Así, el 80 por ciento de los habitantes carece de empleo y de obra social. El trabajo ocasional, sobre todo con la basura, es uno de los más generalizados medios para obtener unos ingresos menos que mínimos.”…..
La Villa Itatí también ejemplifica la fragilidad e inconsistencia de la política social, la falta de asistencia pública no alcanza a ser suplida por el esfuerzo de instituciones solidarias, aunque sólo en un comedor solidario de Caritas se alimenta a 121 chicos.
El barrio no cuenta con la infraestructura sanitaria mínima, y en su corazón, un área llamada La Cava, no existen cloacas ni desagües.
Tampoco existe un plan oficial de viviendas a fin lograr mejorar la calidad de vida de la población. El abandono, el desamparo social se advierte en los chicos. Es alto el número de embarazadas de 15 y menos años de edad, lo cual es indicio de una alarmante falta de información y de contención. El 65% de los chicos no termina la primaria. Y lo más es el creciente uso de drogas entre los menores, una presencia que se suma a la de las armas y al consumo de alcohol.
Como ha quedado demostrado por la investigación especial realizada por este diario, por la villa es altísimo el consumo de drogas y es fácil el acceso a un arma de fuego en el mercado ilegal. Esta alianza entre el mundo de las drogas y el del delito conduce a los adolescentes a un callejón sin salida, a la negación del porvenir.
Por eso, para los habitantes de Villa Itatí la creciente inseguridad sea una fuente de preocupación, ya que no existe regla compartida, ni tampoco una actuación policial capaz de traer la debida tranquilidad.
Esta villa miseria expone, entonces, los dramas y la pesadilla de un inmenso segmento poblacional que vive empobrecido y marginado, sin amparo y sin futuro.
Estudio sobre Situación de la niñez, de acuerdo a los mas recientes datos oficiales
1. EL 41% DE LOS NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS SON POBRES.
2. EL 12% DE LOS NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS SON INDIGENTES.
3. LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN ARGENTINA TRIPLICA A LA DE SINGAPUR, ES UN 90% SUPERIOR A LA DE CUBA Y UN 35% SUPERIOR A LA DE CHILE.
4. LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN HIJOS DE MADRES CON PRIMARIA INCOMPLETA O MENOS ES UN 300% SUPERIOR AL DE HIJOS DE
MADRES CON SECUNDARIA COMPLETA O MÁS.
5. LA VIVIENDA Y \ROVISIÓN DE AGUA INADECUADAS AUMENTAN EN UN 6H% LASÏPOSIBILIDADES DE LOS NIÑOS DE MORIR ANTES DE CUMPLIR
2 AÑOS DE VIDA.
6. LA AUSENCIA DE COBERTURA DE SALUD DE LA MADRE Y LAS NECESÙDADES BÁSICAS INSATISFECHAS AUMENTAN UN 41%. LOS RI¤SGOS DE
MUERTE $E LOS NIÑOS ANTES DE LOS 2 AÑOS DE VIDA.
LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CRECIÓ UN 153% DURANTE LA CONVERTIBILIDAD.
8. LA DIARREA INFANTIL CRECIÓ UN 40% DURANTE LA CONNERTIBILIDAD.
9. EL 35% DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS NO ESTÁ VACUNADO CONTRA LA POLIO.
10. EL 30% DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS NO RECIBIÓ LA VACUNA TRIPLE.
11. EXISTEN EN EL PAÍS 4.890.000 DE NIÑOS POBRES MENORES DE 14 AÑOS, DE ELLOS 1.390.000 SON INDIGENTES.
12. EL 1.390.000 DE MENORES INDIGENTES DE NO EXISTIR AYUDA EXTERNA, ESTÁN IMPOSIBILITADOS DE‰ACCEDER A UNA CANASTA
ALIMENTARIA BÁSICA DE SOBREÉIDA BIOLÓGICA.
13.EL 45% DE LOS NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS NO TIENE NINGUNA COBERTURA DE SALUD.
14. EL 41% DE LOSÈNIÑOS DE 5 A 14 AÑS NO TIENE NINGUNA COBERTURA @Ø SALUD.
3. Bibliografía
Trabajo y Societad Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedadesYsegmÈntadas Nº 3, vol.:I, agostg-octubre de 200¬, Santiago del Estero, Argetina ISSN 1514-6871.
Artículos Diario Clarín Buenos Aires.
Fundación Save The ChildPen, ¹NG.